El decreto foxista es anticonstitucional y es
parte de la privatización eléctrica simulada
Con oportunidad lo señaló el Frente de Trabajadores de la Energía: el decreto de Fox publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de mayo de 2001 es anticonstitucional y está orientado a privatizar la industria eléctrica nacionalizada.
De acuerdo a tal Decreto, se modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, conquistada en 1975 al calor de la lucha de la Tendencia Democrática de Electricistas y Nucleares. Esa Ley eléctrica fue modificada regresivamente en 1992 para permitir la entrada del capital privado en la industria eléctrica por la vía de nuevas figuras, tales como: productor independiente, cogeneración, autoabastecimiento, pequeña producción, importación, exportación y generación eléctrica de emergencia. Con la introducción de esas nuevas figuras, se modificó el concepto de servicio público de energía eléctrica. Ahora, con el decreto foxista, se profundiza la regresión al permitir a los generadores privados la comercialización de energía eléctrica. En 1992, la Ley eléctrica estableció, a pesar de todo, que los excedentes de energía debían venderse a la Comisión Federal de Electricidad. El decreto foxista, sin embargo, promueve que ya no sea así, procediendo a la privatización eléctrica en los hechos.
La medida foxista es atentatoria del interés nacional. De entrada, hay un exceso en las decisiones presidenciales al abusar de sus facultades pues la legislación corresponde al Congreso de la Unión, mismo que ha sido ignorado como en muchos otros asuntos. Lo más grave es el fondo de la cuestión ya que se trata de imponer compulsivamente la privatización eléctrica no obstante el repudio generalizado del pueblo de México. De acuerdo al decreto foxista se permitiría a los particulares la generación de energía eléctrica sin límites y la venta de la misma directamente a los consumidores. De esta manera, se violenta lo dispuesto por la Constitución en el párrafo sexto del artículo 27, así como lo indicado en el artículo 28.
De acuerdo al artículo 27 "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público". Según el artículo 28, esta actividad es estratégica y corresponde realizarla en exclusiva al Estado mexicano. Esto se reafirma una vez más en el artículo 25 constitucional.
Lo anterior está contenido, también, en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley eléctrica. En los artículo 3, 36, 36 bis, 37 y 38 de esa Ley se indican los casos en los cuales, de manera excepcional, pueden participar los inversionistas privados. En todos los casos, los excedentes de energía eléctrica generada deben venderse a la CFE para su ulterior comercialización. Ahora, el decreto foxista libera de tal responsabilidad a los particulares. Primero les permitiría aumentar su capacidad instalada (privada) sin fijar límites, pues en el caso del autoabastecimiento se permitiría una capacidad instalada superior a los 40 Mwe. Ya actualmente, en el caso de pequeña producción se permite la instalación de más de 30 Mwe. Es decir, la Ley eléctrica de 1992 ya es privatizadora. Con el nuevo decreto, se trata de completar el ciclo permitiendo ahora la comercialización de la electricidad generada por el capital privado. Esto es inaceptable para los trabajadores. Se trata de una flagrante violación a la Constitución y a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Es, además, un engaño al pueblo mexicano, a sus instituciones y al derecho público.
El día 4 de julio, las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión formalizaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia contra el presidente Fox al excederse invadiendo las facultades propias del Congreso de la Unión. En esa demanda se solicita que se declare inválido el decreto mediante el cual se reforma a la Ley eléctrica.
El Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México apoya esa demanda, así lo solicitamos con anterioridad, pero alertamos a la Nación: No se trata únicamente de cuestiones formales sino de un asunto trascendente. La medida presidencial pretende la privatización eléctrica, al margen y en contra de la Constitución del país mediante actos meramente administrativos. Con ello se busca avanzar más en la desnacionalización eléctrica y del país.
Exigimos de los señores ministros de la SCJN que atiendan el fondo del asunto y no se detengan en la superficialidad administrativa o de meros procedimientos. La Nación exige la defensa del interés general por sobre los intereses del capital. ¡La Patria no se Vende, el Pueblo la Defiende! y la defenderemos todos al precio que sea necesario.
¡Viva México!
Frente de Trabajadores de la Energía
